La declaración del estado de alarma obliga a las aerolíneas a reducir en un 50% la oferta total de operaciones internas

Por: Anxo García Ferreiro.

El estado de alarma es uno de los tres regímenes excepcionales que la Constitución prevé en su artículo 116 (junto con el de excepción y el de sitio) con el objeto de dar respuesta a determinados acontecimientos que pueden producir una perturbación de importancia en la normalidad constitucional.

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El régimen jurídico de esta figura se contiene en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que establece, entre otros aspectos, quién será la autoridad competente durante su vigencia, una lista cerrada de situaciones o alteraciones que justifican la declaración del estado de alarma y una lista de medidas que se pueden adoptar durante su vigencia.

Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, el Consejo de Ministros ha procedido a declarar el estado de alarma en todo el territorio del Estado, llevándose a efecto por medio del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Hasta la publicación de este Real Decreto, este régimen extraordinario sólo había sido aplicado en otra ocasión, por medio del RD 1673/2010 y como consecuencia del cierre del espacio aéreo que se produjo con motivo de la huelga de controladores aéreos de 2010.

El RD 463/2020 persigue afrontar esta emergencia sanitaria mediante la aprobación de toda una batería de medidas de excepción que inciden directamente, y entre otros aspectos, en la libre circulación de personas, el derecho a la propiedad privada, las actividades comerciales, culturales, educativas, religiosas y de ocio, el aseguramiento del suministro de bienes y servicios de primera necesidad y también en el sector de los transportes. Con relación a este último aspecto, el artículo 14 del Real Decreto se dedica en exclusividad a detallar las medidas que desde este sábado se aplicarán al conjunto de transportistas de pasajeros (terrestres, marítimos y aéreos) y que, aunque únicamente afectan a las operaciones que tengan origen y destino en puntos situados dentro del territorio español, van a suponer un importante impacto en la operativa diaria de la práctica totalidad de las compañías.

No se contempla por el momento ningún tipo de restricción respecto del transporte internacional de pasajeros por lo que entendemos que el mismo no se vería afectado más que por las restricciones que otros países han impuesto al viaje de ciudadanos provenientes de España (incluyendo en algunos casos la suspensión de comunicaciones aéreas o marítimas) o por medidas puntuales como puede ser la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de Italia y de cruceros de cualquier origen decretada el pasado 12 de marzo por el Consejo de Ministros.

En lo que al transporte aéreo se refiere, las aerolíneas están obligadas a reducir la oferta total de operaciones internas en un mínimo de un 50%, disponiendo a tal efecto de cinco días a contar desde este sábado día 15, momento de publicación y entrada en vigor del Real Decreto, y todo ello sin perjuicio de que por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se pueda modificar este porcentaje mientras el estado de alarma se mantenga vigente.

La reducción del número de operaciones afectará a todas las rutas, incluidas aquellas que están sometidas a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), entendiendo como tales aquellas que cubren rutas de baja densidad o sirven a regiones periféricas o en desarrollo y que los transportistas tienen obligación de prestar. No obstante, está previsto que se establezcan unos criterios específicos para el transporte entre la Península y las islas, así como para el transporte interinsular, por lo que en la práctica la mayor parte de las rutas sometidas a OSP no se verían afectadas por la reducción antes indicada.

A mayor abundamiento, el apartado g) del artículo 14.2 dispone que en aquellos servicios en los que el billete otorgue una plaza sentada, el operador tendrá que tomar las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre pasajeros. En la práctica esta medida supone la imposibilidad de completar la capacidad máxima de las aeronaves pues, como mínimo, será indispensable dejar un asiento libre entre un pasajero y otro. En un avión con una configuración de asientos de 3-3 (lo habitual tratándose de vuelos internos), la aplicación de esta medida supondría reducir el número máximo de pasajeros por aeronave entre un 33% y un 66%.

Como obligaciones complementarias se disponen la limpieza diaria de los vehículos de transporte conforme a las recomendaciones que determine el Ministerio de Sanidad y también la emisión en todos los canales de venta online de mensajes que desaconsejen la realización del viaje salvo razones inaplazables.

La entrada en vigor del Real Decreto y, más concretamente, de las medidas establecidas en su artículo 14, supone en la práctica la cancelación de un importante número de operaciones ya programadas, con todos los inconvenientes que ello apareja para los pasajeros que tenían reservada plaza en los mismos, pero también de incontables denegaciones de embarque en los vuelos que sí operan pero que ven reducido el número máximo de pasajeros que pueden admitir en su interior para garantizar la separación necesaria entre todos ellos.

Con todo, el mayor impacto en la ocupación de los vuelos vendrá dado por las limitaciones a la libre circulación de personas que se establecen en el artículo 7 del Real Decreto. Desde su entrada en vigor, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público, sea a pie o por medio de sus vehículos particulares, para la realización de las siguientes actividades:

  1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. A ello se añade el repostaje en gasolineras o áreas de servicio.
  2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  3. Desplazamiento al lugar de trabajo.
  4. Retorno al lugar de residencia habitual.
  5. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  6. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  7. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  8. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Sensu contrario, todo desplazamiento que no guarde relación con alguno de los motivos que se acaban de enumerar estará prohibido y, de realizarse, podría ser sancionado.

Dentro del listado de las pocas situaciones en las que se permite el desplazamiento de las personas, apenas encontraríamos supuestos que justificasen que un ciudadano pudiera tomar un avión. En definitiva, el número de potenciales pasajeros que podrán embarcar en los vuelos internos que todavía continúen programados se va a ver drásticamente reducido una vez se implementen todas estas medidas con carácter pleno y lo más probable es que en muchos casos no se lleguen a cubrir todas las plazas disponibles incluso tras la adopción de medidas para garantizar la separación de los viajeros dentro de la aeronave.

BIBLIOGRAFÍA.

ESPÍN LÓPEZ, Isidoro. Estado de alarma en el sistema constitucional español: Espacio aéreo. Revista Acta Judicial, 2018. pp. 115-131

MITMA. El Gobierno acuerda prohibir la entrada de buques de pasaje procedentes de Italia y cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. Publicado el 12/03/2020. Fuente: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-12032020-1934


Legislación.

Constitución española de 1978

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Acerca de Anxo García Ferreiro

Anxo García Ferreiro
Anxo García Ferreiro
Mondoñedo, 1991. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Estudios Internacionales y en Profesorado. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2016 y de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial desde 2018.

Durante los últimos años desempeñó su carrera profesional como abogado especialista en el sector del derecho aeronáutico, trabajando para gran parte de las principales compañías aéreas a nivel internacional que operan en España.

Paralelamente, también se ha dedicado a la investigación y a la publicación de diversos artículos y obras relacionados con la materia y su trabajo en este ámbito ha sido objeto de reconocimiento en los I Premios de Secciones 2018 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en la especialidad de derecho aeronáutico y espacial.