03-06-2026
El incremento exponencial del tráfico de aeronaves no tripuladas en las inmediaciones de las infraestructuras críticas ha obligado a las autoridades internacionales a tomar medidas drásticas. En este contexto, la detección de drones en aeropuertos se ha convertido en una prioridad absoluta para garantizar la resiliencia de las operaciones.
Muestra de ello es la reciente implantación de un sistema de última generación en el Aeropuerto de Palanga, gestionado por la entidad pública Lithuanian Airports, diseñado para contrarrestar los riesgos operativos derivados de vuelos no autorizados en zonas de exclusión aérea.
Vigilancia 24/7 y tecnología contra incursiones ilegales
Este dispositivo técnico supervisa el espacio aéreo mediante antenas que identifican la dispersión de señales de radio. La cobertura se mantiene operativa las 24 horas del día, durante todo el año, abarcando no solo el perímetro del aeródromo, sino también áreas residenciales adyacentes como Kunigiškiai, el norte de Palanga y las playas colindantes.
La capacidad analítica de la plataforma tecnológica permite determinar con precisión métricas críticas del objetivo:
- Posición geográfica exacta.
- Altitud de vuelo y trayectoria.
- Dirección de movimiento y velocidad.
- Coordenadas de localización del operador del dron.
En lo que va de año, ya se han contabilizado 37 vuelos no autorizados en el espacio de control de Palanga, lo que demuestra que la detección de drones en aeropuertos requiere de respuestas automatizadas coordinadas con los proveedores de servicios de navegación aérea y las fuerzas del orden público.
Consecuencias legales y multas severas
El marco regulatorio lituano contempla sanciones financieras de gran calado. De acuerdo con el artículo 393 (4) del Código de Infracciones Administrativas de la República de Lituania, operar un dron en una zona prohibida sin el correspondiente permiso conlleva multas de entre 400 y 800 euros, junto con la incautación del equipo. En caso de reincidencia, las penalizaciones económicas ascienden de 800 a 1.200 euros, acompañadas de la confiscación obligatoria del sistema no tripulado.
Asimismo, la normativa internacional exige que, si el dispositivo cuenta con una cámara incorporada, el piloto debe disponer de una certificación oficial emitida por la autoridad competente de aviación, en este caso, la Transport Competence Agency (TKA).
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