Por la Dra. Silvia J. Taus Reggi. 04-11-2026
Del apoyo psicológico a las garantías convencionales: cooperación entre pilotos, aerolíneas, profesionales sanitarios, autoridades aeronáuticas y entidades aseguradoras.

Aunque la propuesta se centra inicialmente en los pilotos de transporte aéreo, sus principios podrían extenderse, con las adaptaciones necesarias, a otros colectivos profesionales aeronáuticos cuyas funciones tengan una incidencia directa sobre la seguridad operacional. Se trataría, en todo caso, de una propuesta de aplicación progresiva que debería atender a las características, responsabilidades y requisitos específicos de cada colectivo.
Introducción.
Esta segunda parte da continuidad al análisis sobre salud mental, factores humanos y seguridad operacional publicado en Hispaviación el 28 de septiembre. Si la primera entrega abordó la necesidad de proteger la comunicación preventiva y la continuidad profesional como elementos de la seguridad operacional, esta segunda avanza hacia una propuesta concreta: articular una red de apoyo entre la aerolínea y el piloto, con la participación de profesionales sanitarios y aeronáuticos y de los demás agentes implicados, que permita proteger la salud del profesional, salvaguardar sus derechos laborales y profesionales y preservar la seguridad de las operaciones aéreas.
Para ello, se propone trasladar estos principios al convenio colectivo mediante garantías concretas de prevención, confidencialidad, evaluación y continuidad profesional, así como procedimientos y responsabilidades claramente definidos, susceptibles de negociación e incorporación al marco convencional.
Antecedentes y evolución regulatoria.
La atención a la salud mental y al bienestar psicológico de las tripulaciones de vuelo ha adquirido una relevancia creciente en la aviación civil.
Diversos accidentes e investigaciones aeronáuticas, entre ellos los correspondientes a los vuelos SilkAir 185 (1997), EgyptAir 990 (1999) y Germanwings 9525 (2015), han puesto de manifiesto la complejidad del análisis de los factores humanos y de su relación con la seguridad operacional. Sin equiparar sus circunstancias ni las conclusiones específicas de cada investigación, estos antecedentes, junto con la evolución posterior de la normativa europea, refuerzan la importancia de disponer de mecanismos adecuados de prevención, apoyo a las tripulaciones y gestión de los riesgos que puedan afectar al desempeño seguro de las funciones aeronáuticas. [7]
En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2018/1042 modificó el Reglamento (UE) n.º 965/2012 e introdujo requisitos relativos a los programas de apoyo, la evaluación psicológica de las tripulaciones de vuelo y otras medidas relacionadas con la aptitud médica. Los programas de apoyo se contemplan en CAT.GEN.MPA.215 y se desarrollan mediante el material de métodos aceptables de cumplimiento (AMC) y material de orientación (GM) correspondiente. [1, 2]
En el ámbito internacional, se han presentado ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) iniciativas dirigidas a reforzar los programas de apoyo entre compañeros (Peer Support Programmes) y favorecer un enfoque preventivo, multidisciplinar y no estigmatizante de la salud mental del personal aeronáutico. Estos desarrollos constituyen un marco de referencia para la presente propuesta, que pretende avanzar mediante la incorporación al convenio colectivo de garantías, procedimientos y mecanismos de revisión definidos expresamente, respetando las competencias y obligaciones previstas en la normativa aplicable. [ 8 ]
En Singapur, el 24 de marzo de 2023, la autoridad aeronáutica, las aerolíneas y las organizaciones sindicales pusieron en marcha un marco tripartito de apoyo a la salud mental y al bienestar de pilotos y controladores del tránsito aéreo.
La iniciativa contempla acciones de educación y prevención, apoyo entre compañeros, intervención y colaboración entre las partes, con el objetivo de fomentar un entorno de confianza y facilitar, cuando proceda, un retorno seguro al servicio. Este modelo constituye un antecedente de referencia para avanzar, mediante la negociación colectiva, hacia garantías específicas que articulen la cooperación entre los distintos agentes y protejan tanto la salud de los profesionales como la seguridad operacional.
I. Una red de apoyo con responsabilidades diferenciadas
La seguridad operacional requiere una red multidisciplinar en la que pilotos, aerolíneas, profesionales sanitarios, médicos examinadores aeronáuticos, instructores, responsables de formación, servicios de control del tránsito aéreo, organizaciones sindicales y, cuando proceda, aseguradoras y reaseguradoras cooperen dentro de sus respectivas competencias.
La aerolínea debería facilitar el acceso a los recursos de apoyo y gestionar los riesgos operacionales; los profesionales sanitarios deberían evaluar y tratar los problemas de salud; y los médicos examinadores aeronáuticos deberían intervenir en la valoración de la aptitud psicofísica conforme a la normativa aplicable.
Los pilotos de apoyo, específicamente formados para esta función, pueden ofrecer escucha y orientación confidencial, favorecer la detección temprana de dificultades y facilitar el acceso a recursos especializados, sin asumir funciones clínicas ni sustituir a los profesionales sanitarios.
Los servicios de control del tránsito aéreo, por su parte, pueden detectar incidencias operacionales o indicios de dificultades que se manifiesten durante la interacción operacional con la aeronave y que requieran una actuación conforme a los procedimientos establecidos, sin que ello suponga atribuirles funciones de valoración clínica, psicológica o aeromédica.
Los profesionales especializados en Derecho, Aeronáutico, Derecho Laboral y protección de datos personales, pueden desempeñar una función de asesoramiento y supervisión jurídica en el diseño, implantación y seguimiento de estos programas. Su intervención contribuiría a delimitar las responsabilidades de los distintos agentes, proteger los derechos laborales y profesionales de los pilotos y asegurar que los protocolos de actuación y las medidas de reincorporación se desarrollen conforme al marco normativo aplicable. Asimismo, podrían asesorar en la incorporación de garantías de confidencialidad, transparencia y revisión de las decisiones que puedan afectar a la situación laboral y a la continuidad profesional del piloto, respetando las competencias propias de los profesionales sanitarios, los médicos examinadores aeronáuticos y las autoridades competentes.
Las organizaciones sindicales pueden promover la incorporación de estas garantías a los convenios colectivos, mientras que las autoridades aeronáuticas ejercen sus competencias de regulación y supervisión.
Las aseguradoras y reaseguradoras aeronáuticas podrían participar en el desarrollo y sostenimiento de iniciativas preventivas mediante acuerdos de colaboración con las aerolíneas y las organizaciones representativas de los pilotos. Esta participación podría contemplar el apoyo a programas de bienestar psicofísico, formación y prevención, así como el estudio de mecanismos de cooperación que contribuyan a reducir los riesgos humanos, profesionales y operacionales asociados a la actividad aérea. Su intervención debería articularse mediante criterios de transparencia, delimitación de responsabilidades y protección de la información personal y sanitaria, sin atribuirles funciones asistenciales ni competencias en la determinación de la aptitud aeronáutica. [1, 3, 5, 6]
II.La confianza mutua en la cabina de mando: operaciones con dos pilotos y operaciones con un solo piloto
En las operaciones con dos pilotos, la comunicación abierta, la confianza mutua y la observación recíproca constituyen barreras adicionales de seguridad. Permiten advertir posibles dificultades que afecten al bienestar o al desempeño del compañero y comunicar preocupaciones legítimas antes de que puedan comprometer la operación, sin convertir al otro piloto en evaluador clínico.
El temor a perjudicar a un compañero, ser malinterpretado o sufrir consecuencias profesionales puede favorecer el silencio precisamente cuando la comunicación preventiva resulta más necesaria. Por ello, es esencial promover una cultura de apoyo mutuo y comunicación de buena fe, coherente con los principios de gestión de recursos de la tripulación (CRM) y cultura justa (Just Culture). [4, 5]
En aquellas operaciones en las que las funciones de vuelo se desarrollen con un único piloto, debido a las características de la aeronave y a los requisitos operacionales aplicables, la ausencia de observación recíproca exige reforzar los mecanismos alternativos de apoyo, prevención y seguimiento.
En ambos modelos operacionales, la prevención debe evitar tanto la ocultación de riesgos relevantes como la estigmatización del piloto. No se trata de establecer controles indiscriminados ni de presumir que cualquier dificultad personal constituye un riesgo, sino de favorecer la comunicación temprana y una respuesta ajustada a las circunstancias. [1, 4, 5]
III.La evaluación psicológica y la determinación de la aptitud para el ejercicio de funciones aeronáuticas
La atención a la salud mental del piloto requiere distinguir entre tres ámbitos relacionados, pero diferentes: la asistencia clínica, la evaluación de la aptitud psicofísica aeronáutica y la gestión de los riesgos para la seguridad operacional. Cada uno responde a una finalidad específica y debe desarrollarse por profesionales competentes, dentro de sus respectivas atribuciones y conforme a la normativa aplicable.
En este marco, CAT.GEN.MPA.215 del Reglamento (UE) n.º 965/2012 establece obligaciones para el operador en relación con los programas de apoyo a las tripulaciones de vuelo, mientras que el material AMC/GM asociado desarrolla aspectos relevantes para su implantación y funcionamiento. La determinación reglamentaria de la aptitud psicofísica se rige, por su parte, por los requisitos aplicables al personal de vuelo, incluidos los previstos en la Parte MED del Reglamento (UE) n.º 1178/2011. [1, 2, 3]
Debe distinguirse también la evaluación psicológica prevista en CAT.GEN.MPA.175(b) del programa de apoyo regulado en CAT.GEN.MPA.215. La primera debe realizarse antes de que la tripulación comience los vuelos de línea y tiene por objeto identificar los atributos psicológicos y la idoneidad del personal de vuelo respecto de su entorno de trabajo, así como reducir la probabilidad de interferencias negativas en la operación segura. El programa de apoyo, por su parte, tiene una finalidad preventiva y asistencial ante problemas que puedan afectar al ejercicio seguro de las atribuciones de la licencia. [1, 2]
El piloto debe cumplir las obligaciones de consulta, notificación y evaluación que le correspondan cuando existan circunstancias que puedan afectar a su aptitud, y no debe ejercer las atribuciones de su licencia cuando concurran las condiciones que legalmente se lo impidan. La participación en un programa de apoyo no sustituye la obligación de solicitar asesoramiento aeromédico cuando resulte exigible, ni determina por sí misma la existencia de una pérdida de aptitud. La evaluación clínica y la determinación reglamentaria de la aptitud psicofísica no son actuaciones equivalentes. [1, 3]
La información obtenida en el marco de los programas de apoyo debe tratarse de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos, especialmente cuando incluya datos relativos a la salud. La confidencialidad debe constituir una garantía esencial, limitándose el acceso a quienestengan competencia y habilitación jurídica para tratar dicha información, exclusivamente en la medida necesaria para la finalidad correspondiente. [2, 5]
Conforme al material AMC asociado a CAT.GEN.MPA.215, la información comunicada al operador para fines de gestión de la seguridad debe facilitarse de forma anonimizada, por ejemplo mediante datos estadísticos agregados, en los términos previstos por dicho material. Asimismo, deben existir procedimientos previamente acordados entre el operador y el programa para actuar ante preocupaciones graves para la seguridad, respetando la normativa de protección de datos y las obligaciones reglamentarias relativas a la aptitud psicofísica que correspondan. [1, 2, 5]
Por tanto, la información clínica necesaria para la asistencia sanitaria, la información pertinente para determinar la aptitud aeronáutica y la información operacional que la empresa necesita para gestionar la seguridad deben tratarse de forma diferenciada. La comunicación individualizada de datos de salud deberá contar con una base jurídica válida, estar debidamente justificada y limitarse a la información estrictamente necesaria, de acuerdo con las competencias y los procedimientos aplicables.
La finalidad de este modelo no es ocultar información relevante para la seguridad ni convertir cualquier dificultad personal en un problema de aptitud, sino facilitar una respuesta proporcionada que permita solicitar ayuda temprana, proteger la intimidad del piloto y adoptar, cuando resulte necesario, las medidas que procedan en relación con su aptitud psicofísica, de conformidad con la normativa aeronáutica aplicable. Sobre estos principios deben articularse las garantías convencionales que se desarrollan en el apartado siguiente.
IV. La participación de las aseguradoras y reaseguradoras aeronáuticas
El futuro convenio colectivo podría establecer un marco para promover acuerdos de colaboración preventiva con aseguradoras y reaseguradoras aeronáuticas, destinados a favorecer los programas de apoyo psicofísico y la detección temprana de dificultades, con delimitación de responsabilidades y garantías de confidencialidad y protección de datos, dentro del marco contractual y regulatorio aplicable.
Asimismo, cabría evaluar, mediante evidencia empírica, si estas medidas contribuyen a mejorar la gestión del riesgo asegurable y a reducir sus consecuencias humanas, operacionales y económicas, sin presuponer una reducción de las primas ni una obligación de financiación. Esta colaboración podría integrarse en una estrategia de prevención y resiliencia orientada a facilitar la recuperación del profesional y preservar la seguridad operacional.
V.El convenio colectivo como marco de garantías y continuidad profesional
El convenio colectivo puede concretar estas garantías mediante un protocolo que determine los canales de acceso al programa de apoyo, las personas autorizadas para tratar la información, los límites de su comunicación, las condiciones de intervención y las salvaguardas frente a consecuencias laborales injustificadas derivadas de solicitar ayuda. También puede establecer procedimientos claros para gestionar las limitaciones temporales de actividad, estudiar las opciones profesionales compatibles con cada situación individual y facilitar, cuando proceda, una reincorporación segura. Todo ello deberá respetar los requisitos de aptitud aeronáutica aplicables, sin que la solicitud de apoyo implique, por sí sola, una garantía automática de mantenimiento o recuperación de la aptitud para el vuelo.
En primer lugar, el convenio debería regular las condiciones de acceso a los programas, las funciones de quienes intervengan, la formación exigible a los pilotos de apoyo y los cauces de derivación a profesionales sanitarios o médicos examinadores aeronáuticos cuando proceda. La empresa debería facilitar el acceso efectivo a estos recursos y promover una cultura en la que solicitar ayuda de buena fe no se interprete, por sí solo, como una declaración de ineptitud ni como motivo automático de consecuencias laborales desfavorables. Esta garantía no impediría adoptar las medidas que resulten necesarias cuando existan indicios objetivos de riesgo o deban cumplirse obligaciones legales o aeronáuticas.
En segundo lugar, el convenio debería establecer un protocolo de confidencialidad y protección de datos que identifique las responsabilidades de cada interviniente, los usos permitidos de la información y los procedimientos aplicables ante una preocupación relevante para la seguridad. La información procedente del programa de apoyo se comunicará al operador en los términos previstos por la normativa aplicable y, para fines de gestión de la seguridad, mediante datos anonimizados y agregados. Ello deberá diferenciarse de la información sobre aptitud, restricciones o condiciones para el ejercicio de funciones aeronáuticas que deba comunicarse por los cauces competentes y conforme a las obligaciones reglamentarias aplicables.
En tercer lugar, el convenio debería prever la posibilidad de adoptar medidas temporales y proporcionadas de adaptación funcional cuando las circunstancias individuales y las necesidades organizativas lo permitan. Según el caso, podrían valorarse tareas compatibles con las limitaciones existentes, ajustes temporales de determinadas responsabilidades o planes de reincorporación progresiva. Cualquier medida que afecte a las funciones de vuelo deberá respetar los requisitos de aptitud psicofísica, las habilitaciones, las restricciones y las decisiones que correspondan a los profesionales y autoridades competentes. Por ello, estas previsiones no supondrían un derecho automático a continuar volando ni garantizarían la asignación a un puesto alternativo concreto.
Para favorecer una gestión transparente de estas situaciones, el convenio podría regular un procedimiento de seguimiento y revisión que permita informar al piloto de las alternativas disponibles, coordinar a las partes competentes y valorar las medidas adoptadas conforme evolucione su situación. También podrían establecerse criterios sobre la reincorporación y sobre las consecuencias laborales y económicas que procedan, dentro de los límites legales y convencionales aplicables. La finalidad sería evitar respuestas automáticas o desproporcionadas y procurar que las decisiones se adopten atendiendo a las circunstancias individuales, las necesidades operacionales y los requisitos de aptitud exigibles.
Estas garantías deberían acompañarse de mecanismos para plantear consultas o reclamaciones cuando el piloto considere que no se ha respetado el procedimiento establecido, así como de medidas frente a la discriminación o la estigmatización por solicitar apoyo de buena fe. La participación en un programa no debe equipararse automáticamente a una declaración de incapacidad. Del mismo modo, la confidencialidad no exime del cumplimiento de las obligaciones reglamentarias relativas a la aptitud psicofísica ni impide adoptar las medidas necesarias ante un riesgo relevante para la seguridad operacional. La cultura justa exige distinguir entre la comunicación responsable de una dificultad, el cumplimiento de las obligaciones profesionales y las conductas que puedan comprometer la seguridad, de conformidad con el marco normativo aplicable. [4, 5]
Por último, el convenio debería determinar la participación de la empresa y de la representación de los pilotos en la implantación, el seguimiento y la evaluación del sistema. Podrían establecerse indicadores sobre la accesibilidad de los programas, los tiempos de respuesta, la coordinación asistencial y el funcionamiento de los procedimientos de reincorporación. La evaluación debería utilizar, siempre que sea posible, información anonimizada y agregada, evitando identificar innecesariamente a los participantes o exponer sus datos de salud. [1, 2 ,3]
De este modo, el convenio colectivo podría convertir los principios de prevención y protección de la salud en procedimientos conocidos, evaluables y equilibrados. No se trataría de eliminar toda consecuencia profesional derivada de una limitación psicofísica, sino de promover decisiones fundamentadas, proporcionadas y respetuosas con los derechos del piloto y las responsabilidades de la aerolínea.
Dentro de este marco de garantías, merece especial atención la posibilidad de revisar una valoración psicofísica cuando exista una discrepancia razonada y sus conclusiones puedan tener consecuencias relevantes para el piloto. Por ello, se propone incorporar al convenio un procedimiento específico de segunda evaluación profesional independiente, con condiciones de acceso, plazos, criterios de financiación y garantías de independencia definidos expresamente, que se desarrolla en el apartado siguiente.
VI. La segunda evaluación profesional independiente y la revisión de valoraciones psicofísicas: una garantía procedimental para el nuevo convenio colectivo.
La confianza en una red de apoyo psicofísico exige que el piloto disponga de garantías procedimentales cuando discrepe razonadamente de una valoración que pueda tener consecuencias relevantes para su aptitud, su actividad laboral o su continuidad profesional. Esta propuesta no parte de la premisa de que la valoración inicial sea necesariamente errónea, ni de que el piloto tenga automáticamente la razón. Su finalidad es garantizar que, ante una discrepancia razonada, exista una vía adicional de revisión objetiva, independiente y proporcionada. Del mismo modo, la segunda evaluación no supondría por sí sola la revocación automática de la valoración inicial, sino que constituiría un elemento adicional de análisis y valoración.
La finalidad de esta garantía no es alterar los criterios de aptitud establecidos por la normativa aeronáutica ni sustituir las competencias de los profesionales u órganos legalmente facultados para su determinación, sino reforzar la confianza en el procedimiento mediante mecanismos adicionales de revisión, transparencia y objetividad.
En este sentido, se propone negociar e incorporar al nuevo convenio colectivo un procedimiento específico de segunda evaluación profesional independiente, destinado a facilitar una revisión adicional de la valoración inicial en condiciones de objetividad, transparencia e imparcialidad.
El procedimiento podría incluir una segunda opinión de un profesional cualificado que no haya intervenido en la evaluación inicial y que carezca de conflictos de intereses relevantes, la revisión de los resultados, la repetición justificada de pruebas o la consideración de informes de otros especialistas. Cuando la cuestión afecte a la aptitud aeronáutica reglamentaria, deberán utilizarse los mecanismos de revisión previstos en la normativa aplicable, sin confundir una segunda opinión clínica con una revisión formal de la aptitud ni atribuirle efectos que legalmente no le correspondan. Esta garantía convencional no sustituirá los mecanismos de recurso o revisión establecidos en la normativa aeronáutica cuando la discrepancia afecte a una decisión formal sobre aptitud aeronáutica. [3]
Para que el mecanismo sea efectivo, el convenio debería establecer las circunstancias en las que puede solicitarse la segunda evaluación, las condiciones de acceso, los plazos máximos de tramitación, el alcance de la revisión y el procedimiento de designación del profesional independiente. También debería determinar las garantías necesarias para preservar su autonomía respecto de la evaluación inicial y de los intereses de las partes implicadas, así como un sistema de financiación basado en criterios objetivos y transparentes. Entre las opciones negociables podría contemplarse que el coste fuera asumido por la empresa en los supuestos y condiciones que se acuerden.
El procedimiento debería precisar, asimismo, cómo se incorpora el resultado de la segunda evaluación a la revisión del caso y qué vías de consulta, revisión o reclamación pueden utilizarse cuando persista el desacuerdo. La segunda valoración aportaría un elemento adicional para fundamentar las decisiones, pero no determinaría automáticamente la aptitud para el vuelo ni supondría la revocación inmediata de la valoración inicial. Cualquier decisión sobre el ejercicio de funciones aeronáuticas deberá ajustarse a los requisitos de aptitud psicofísica y a las competencias legalmente atribuidas.
- La finalidad de esta garantía es reducir el riesgo de que una discrepancia razonada quede sin una vía adecuada de revisión y reforzar la confianza del piloto en el procedimiento. Su diseño debería equilibrar la protección de los derechos profesionales, la independencia de la evaluación y la seguridad operacional, sin interferir en las obligaciones legales de comunicación ni en las decisiones que deban adoptarse ante un riesgo relevante.
En definitiva, la segunda evaluación profesional independiente se plantea como una garantía que debe negociarse e incorporarse expresamente al nuevo convenio colectivo, con condiciones claras, objetivas y conocidas de antemano. Su objetivo no es rebajar los estándares de seguridad ni asegurar un resultado favorable al piloto, sino ofrecer una vía adicional de revisión que contribuya a la transparencia, la proporcionalidad y la confianza en la gestión de las situaciones de discrepancia psicofísica. En última instancia, una mayor confianza en los procedimientos puede favorecer la comunicación temprana, la cooperación entre las partes y una gestión más eficaz de los riesgos para la seguridad operacional.
VII. Corresponsabilidad, equidad y seguridad operacional: una conclusión compartida
La seguridad operacional no comienza únicamente en la cabina de mando. También depende de que existan mecanismos preventivos que permitan identificar dificultades, acceder a ayuda especializada y adoptar decisiones fundamentadas antes de que una situación pueda comprometer la operación.
La aerolínea y el piloto no desempeñan funciones idénticas ni están sujetos a las mismas obligaciones. El piloto debe actuar responsablemente respecto de su aptitud y cumplir los requisitos aplicables; la empresa, por su parte, debe gestionar los riesgos operacionales y facilitar un entorno en el que solicitar ayuda de buena fe no genere, por sí solo, consecuencias profesionales automáticas o injustificadas, sin perjuicio de las medidas que procedan cuando existan razones objetivas relacionadas con la aptitud o la seguridad.
La equidad no exige que ambas partes tengan las mismas responsabilidades, sino que sus derechos, obligaciones y garantías estén claramente delimitados y se apliquen de forma objetiva, proporcionada y coherente con la normativa. La protección del piloto no puede comprometer la seguridad del vuelo, del mismo modo que la seguridad operacional no justifica divulgar indiscriminadamente información clínica ni prescindir de garantías profesionales.
En este contexto, el convenio colectivo puede constituir el instrumento adecuado para articular la cooperación entre la empresa y los pilotos mediante procedimientos de apoyo, evaluación y revisión, garantías de confidencialidad y medidas de adaptación funcional y reincorporación, cuando resulten viables y compatibles con los requisitos de aptitud exigibles.
Proteger la salud del piloto y garantizar la seguridad operacional no son objetivos contrapuestos, sino responsabilidades inseparables.
Una red de apoyo bien definida, con competencias diferenciadas y garantías efectivas, puede contribuir a que la atención psicológica se perciba no como una amenaza para la carrera profesional, sino como una herramienta de prevención, confianza y seguridad. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]
Bibliografía y fuentes normativas
[1] Comisión Europea. Reglamento (UE) n.º 965/2012, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, en su versión consolidada. En particular, CAT.GEN.MPA.215 y el material asociado de métodos aceptables de cumplimiento (AMC) y material de orientación (GM) sobre programas de apoyo. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/965
[2] Comisión Europea. Reglamento (UE) 2018/1042, de 23 de julio de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 965/2012 en relación, entre otros aspectos, con la introducción de programas de apoyo, la evaluación psicológica de las tripulaciones de vuelo y las medidas destinadas a garantizar la aptitud médica de las tripulaciones. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1042/oj
[3] Comisión Europea. Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil, incluido su anexo IV (Parte MED), en su versión consolidada. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1178
[4] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) n.º 376/2014, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación, análisis y seguimiento de sucesos en la aviación civil, especialmente las disposiciones relativas a la cultura justa y a la protección de las personas que notifican sucesos. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj
[5] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), especialmente artículos 5, 6 y 9. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
[6] Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA). Easy Access Rules for Air Operations, revisión 24, marzo de 2026. Compilación de las disposiciones aplicables y del material AMC/GM correspondiente. https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-air-operations
[7] Fuentes oficiales de investigación de accidentes:
- National Transportation Safety Committee de Indonesia. Aircraft Accident Report: SilkAir Flight MI 185, accidente del 19 de diciembre de 1997. Documento disponible en el expediente de investigación de la NTSB: https://data.ntsb.gov/Docket?ProjectID=11051
- National Transportation Safety Board (NTSB). EgyptAir Flight 990, Aircraft Accident Brief NTSB/AAB-02/01,2002. https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAB0201.pdf
- Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA). Final Report on the Accident to the Airbus A320-211 Registered D-AIPX, Operated by Germanwings, Flight 4U9525, 24 de marzo de 2015. https://www.bea.aero/
[8] Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Enhancing Safety and Performance Using Peer Support Programs (PSP) for Aviation Licence Holders. Documento de trabajo A42-WP/167, presentado por Australia y Canadá ante la 42.ª Asamblea de la OACI, 2025. https://www.icao.int/sites/default/files/Meetings/a42/Documents/WP/wp_167_en.pdf
[9] Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS). Singapore Launches Tripartite Framework to Strengthen Mental Health and Wellness Support for Pilots and Air Traffic Controllers, comunicado de 24 de marzo de 2023. https://www.caas.gov.sg/resources/media-and-publication/newsroom/singapore-launches-tripartite-framework-to-strengthen-mental-health-and-wellness/
- Puede leer la Primera parte, AQUI